La conocida como Ley de Vivienda ha ocasionado efectos muy alejados de los objetivos de la norma: se ha reducido considerablemente la oferta de vivienda de alquiler y el precio de los alquileres ha tendido a subir
La reactivación del debate sobre la reducción de la jornada laboral cobrando lo mismo vuelve a poner de manifiesto la inagotable capacidad de los políticos para hacer promesas poco realistas económicamente e ignorando el principio fundamental de que en economía nada es gratis. Por supuesto que a nuestra Ministra de Trabajo, y parece que también al Partido Popular, les importa poco lo anterior, pero la realidad es tozuda y en economía, así como en los mercados financieros, el tiempo acaba por demostrar lo inviable o lo ineficiente de muchas propuestas interesadas y espurias que hacen los políticos.
En España estamos pagando los intentos de controlar el precio de los alquileres
Hace poco más de un año entraba en vigor en España la conocida como Ley de Vivienda que, en teoría, iba a lograr disminuir el coste de los arrendamientos estableciendo un tope para el precio del alquiler y crear un índice que determinara las rentas de alquiler en las denominadas de «zonas tensionadas». Como era de prever, esta intervención en los precios del mercado inmobiliario ha ocasionado efectos muy alejados de los objetivos de la norma: se ha reducido considerablemente la oferta de vivienda de alquiler y el precio de los alquileres ha tendido a subir, creando además desconfianza en muchos propietarios que se retraen de poner sus viviendas en el mercado ante la inseguridad jurídica de un sector, el del alquiler, que todavía debería tener mucho que crecer en España.
Además, no olvidemos que si los promotores inmobiliarios no pueden obtener rendimientos suficientes por la construcción de viviendas que sean competitivos con la rentabilidad de otras formas de inversión, la llegada de nuevas viviendas al mercado se frenará y los precios del sector inmobiliario subirán más, llevándose las clases menos favorecidas económicamente la peor parte de este equivocado modelo.
El populismo en Estados Unidos también manda en las campañas
Tenemos en estos momentos otro buen ejemplo de intento de intervencionismo de la clase política en la economía. Me refiero al control de precios de los alimentos que quiere implementar la candidata demócrata a la presidencia de EEUU en caso de ganar las elecciones. Según Kamala Harris, la causa de la fuerte subida del precio de muchos alimentos durante los últimos años radica en la especulación y en el exceso de enriquecimiento de las empresas del sector de alimentación. Olvida Harris, intencionadamente o mal asesorada, otras causas más creíbles del aumento de los precios, como la recuperación de la recesión pandémica, incluyendo los retrasos en las cadenas de suministro, y el aumento de la demanda de los consumidores impulsada por los estímulos y subvenciones de la Administración estadounidense.
Es evidente que Harris propone el control de precios como lema para ganar votos, especialmente entre la gran clase media americana que ve cómo su ahorro acumulado en la fase de pandemia va tocando a su fin. Con el mismo objetivo plantea una subida de los impuestos a las empresas y la subvención en la compra de viviendas sin aclarar cómo se financiaría tal ayuda. Huelga decir que no falta el populismo en propuestas de Trump como la exigencia de aranceles desorbitados en muchos productos, coches eléctricos chinos a la cabeza, que pueden intensificar las guerras comerciales y provocar alzas de la inflación.
Al final, cuando un gobierno intenta controlar los precios, como el de los alquileres o los de los productos de alimentación, para luchar así contra la especulación en un mercado en el que debe imponerse la oferta y la demanda, lo que acaba consiguiendo es exacerbar los problemas que pretende resolver.
Las reglas de mercado sí ayudan a crear un estado de bienestar
Como comentaba aquí hace unas semanas, los pilares del estado de bienestar llevan años resquebrajándose debido al intervencionismo de la Administración, a una deficiente gestión del gasto público y a la acumulación de deuda, factores todos ellos que conducen al incremento del paro y al empleo de menor calidad y menos remunerado. Muchos políticos no aceptan que el bienestar económico de una sociedad se maximiza mediante el funcionamiento del libre mercado y prefieren actuar, como escuchaba hace unos días a un analista estadounidense hablando de las cuentas públicas de su país, como si tuvieran una tarjeta de crédito sin límite en el saldo y sin necesidad de pagarla.
La falacia de la Teoría Monetaria Moderna, tan bien explicada aquí por el economista Ignacio de la Torre, que proclama que, para los países que controlan sus monedas, los déficits y las deudas no importan ya que esos países pueden imprimir dinero perpetuamente, podría estar en la base de la siguiente crisis financiera y del obligado giro hacia la austeridad en las finanzas de los Estados.
Es cierto que los déficits pueden fomentar el crecimiento económico y gastar más de lo que un gobierno ingresa permite a los partidos políticos ganar votos. Pero hacer esto de manera indefinida supone ignorar las leyes de la economía, acumulando deudas en la aparente creencia de que nunca tendrán que ser pagadas y sin embargo la realidad demuestra que los acreedores siempre acaban por reclamar sus préstamos. La Historia nos enseña que es más fácil acercarse a un estado de bienestar dejando actuar libremente a la oferta y la demanda porque finalmente ese enfoque redunda en mejor calidad de vida para la mayor parte de ciudadanos. Si no, viajen a Rusia o a China, economías intervenidas en muchos ámbitos por la Administración Pública, y comprueben el nivel de vida de buena parte de sus ciudadanos. Se les disipará cualquier duda.