Me llama poderosamente la atención la tirria patológica de cierta parte de la izquierda política hacia Inditex que se ha vuelto a manifestar con el anuncio de que Marta Ortega será presidenta del grupo textil. Más allá del absurdo de criticar a una empresa levantada desde la nada y de censurar a unos directivos que dan empleo a más de 150.000 trabajadores, subyace en todo ello una permanente aversión hacia los empresarios y lo que ganan o dejan de ganar. El sector corporativo español está siendo sacudido por las olas desde hace tiempo pero, felizmente para todos, no se hunde, es resiliente como tanto se dice ahora y, a la vez, sabe afrontar ataques que vienen de antiguo: fluctuat nec mergitur.
Presión fiscal
Las empresas en España aportan un 31,9% de la recaudación fiscal total, frente al 24,6% que contribuyen las empresas europeas en promedio. La presión fiscal del Impuesto de Sociedades es un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE (datos del Instituto de Estudios Económicos, IEE, servicio de estudios de CEOE). Esto resta competitividad a las empresas ubicadas en suelo español, nacionales y filiales de empresas extranjeras y, por si fuera poco, es una situación que el Gobierno empeorará con los cambios impositivos que está impulsando.
Además, el déficit y la deuda pública españoles han acabado de desbocarse debido al Covid hasta superar el 10% sobre PIB el primero y el 120% la segunda. De ahí que la necesidad de reducir el peso de ambas variables macroeconómicas sea acuciante y que la vía del crecimiento unida a la eliminación del gasto superfluo (el IEE calcula que la eficiencia del gasto en España es un 14% inferior a la media de la OCDE) sean lo más indicado. Para que nuestro PIB se incremente las empresas tienen que crecer y con ellas el empleo (dar trabajo es la mejor política social que existe). Por ello considero que supone un gran error impulsar políticas de impuestos como las que estamos padeciendo y que se focalizan en la recaudación en lugar de en el crecimiento y el empleo. De hecho, la recaudación tributaria superará probablemente en 2021 las cifras de 2019 y marcará un máximo histórico en gran medida gracias a los impuestos que abonan las clases medias y trabajadoras y las empresas y autónomos.
Lucha normativa y necesidad de emprender
No es razonable que en el marco descrito hayan surgido disputas entre los Ministerios de Economía y el de Trabajo para la aprobación del Proyecto de Ley de Startups (Ley del ecosistema de las empresas emergentes). Esta norma agilizará la constitución de empresas y fomentará su crecimiento eliminando barreras regulatorias (actualmente para crear una empresa es necesario aportar un capital mínimo de 3.000 euros lo que se reducirá a tan solo un euro).
Esta loable iniciativa ha intentado ser «dinamitada» por el Ministerio de Trabajo y Economía Social cuya titular advertía sobre los riesgos del «mal llamado emprendimiento» y sobre el «emprendimiento sin garantías». O sea, más control estatal para frenar la iniciativa empresarial que pueda no gustar a algunos. ¿Otra forma de ver el impulso empresarial? Sí y equivocada, a mi juicio.
Un reto sin precedentes que buscará apoyar la sostenibilidad
España tiene ahora por delante el reto más importante de su historia reciente: es el segundo país más beneficiado por los fondos europeos de reconstrucción creados por la crisis provocada por la pandemia y debería de acometer una fuerte transformación de su economía en los próximos seis años. Un paquete de ayudas de miles de millones de euros que podría rondar el 3% del PIB anual y donde se integra el fondo Next Generation EU que explicaba Expansión.com hace unos días y que podría superar los 70.000 millones de euros para España.
Por todo lo expuesto, creo que pensar ahora en más impuestos y no en impulsar la creación de empresas es, sin duda, el camino equivocado. Confiemos, aunque nos cueste, en el buen hacer de nuestros gobernantes. Les garantizo que los empresarios, o al menos su inmensa mayoría, harán todo lo necesario para lograr un buen fin para las ayudas si éstas se gestionan adecuadamente por sus intermediarios. Podrán así salvar sus empresas y con ellas los empleos y la vida de las personas de nuestro entorno en el que, a pesar de muchas dificultades y conflictos políticos, felizmente vivimos.
Asesórense bien y sean prudentes.